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Ley Antitrámites

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¿Qué es una Ley Antitrámites, Ley 962 de 2005?

Esta Ley es una iniciativa gubernamental que establece las directrices fundamentales de la política de racionalización de trámites, que guían las actuaciones de la Administración Pública en las relaciones del ciudadano-empresario con el Estado en sus diferentes niveles, para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones.

¿Para qué sirve la Ley 962 de 2005?

Este instrumento jurídico se fundamenta en la construcción de una gestión pública moderna y transparente, mediante el fortalecimiento tecnológico, permiten al ciudadano acceder a los servicios públicos de forma ágil y efectiva, genera ahorros en costos y tiempo, evita exigencias injustificadas a los colombianos. Todo requisito, para que sea exigible al administrado, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites, SUIT, que opera a través del Portal del Estado Colombiano, PEC, www.gobiernoenlinea.gov.co.

¿Qué Prohíbe la Ley 962 de 2005?

Prohíbe a las autoridades públicas establecer trámites, requisitos y permisos para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, salvo que se encuentren expresamente autorizados por la Ley. Así mismo, prohíbe solicitar la presentación de documentos de competencia de otras autoridades. Ver obligaciones de Ley 962 (Anexo 3).

¿Qué pretende la Ley 962 de 2005?

  • Mejorar la calidad de vida del ciudadano en sus relaciones con la Administración Pública (menos filas, mayor agilidad, menos costos, mayor efectividad y menos trámites).
  • Contar con un Estado eficiente, eficaz y transparente (mayor agilidad en los procedimientos y mayor coordinación interinstitucional). Para tal efecto y atendiendo el principio de colaboración, las entidades están obligadas a realizar alianzas con el objetivo de intercambiar información y no trasladar al usuario esta carga operativa.

¿Qué busca el Decreto Antitrámites 019 de 2012?

  • Una nueva relación del Estado con los ciudadanos como usuarios y destinatarios de sus servicios, con el fin de hacer su vida un poco más amable.
  • Proteger y garantizar la efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas ante la Administración Pública.
  • Generar el compromiso de las instituciones públicas para ser más eficientes y eficaces.
  • Suprimir o reformar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios existentes en la Administración Pública.

Decreto Antitrámites 019 de 2012

¿Qué prohíbe este Decreto Ley para la realización de los trámites?

  • Solicitar documentos que reposan en la misma entidad.
  • Comprobar la presentación de pagos realizados con anterioridad ante la misma administración.
  • Rechazar solicitudes contenidas en formularios por errores de citas, de ortografía, de mecanografía, aritméticos o similares.
  • No se requerirá actuar mediante abogado para la realización de actuación administrativa, salvo que se trate de interposición de recursos.
  • Solicitar certificaciones de indicadores económicos para adelantar procesos o actuaciones ante las autoridades, basta la consulta a la web de la entidad que certifica.