Contraste
Reducir letra
Aumentar letra
Centro de relevo

A sanción presidencial Ley de Paz Total

“La realidad del cambio para los colombianos no es otra diferente que lo que significa construir la Paz Total en el territorio. Que no haya un solo muerto producto de la violencia y que no se acueste un niño con hambre en Colombia. Ese es el verdadero cambio”, Alfonso Prada, Ministro del Interior.

Bogotá, D.C., noviembre 3 de 2022. @MinInterior. Con el objetivo de estructurar la Paz Total como política de Estado y de preservar y garantizar la seguridad humana a través de la solución definitiva del conflicto armado en Colombia, quedó a sanción presidencial la modificación, adición y prórroga de la Ley 418, que otorga facultades al Presidente de la República, al Alto Comisionado de Paz y al Gobierno en su conjunto, para adelantar negociaciones con grupos armados ilegales.

“Hoy, precisamente haber conciliado ya en Senado y hoy en la Cámara, dejando listo para sanción presidencial la paz total como política de Estado que vinculan los gobiernos pasados y futuros a la implementación de los compromisos de Estado con las fuerzas desmovilizadas, desarmadas y en proceso de reincorporación o acogidas y sometidas a la justicia, nos imponen el reto de trabajar con las nuevas figuras, figuras de la talla de las regiones de paz, de los comisionados de Paz regionales que reconocen que Colombia es un país de regiones y que la paz total se arma desde allá”, precisó el Ministro del Interior, Alfonso Prada.

Por ello se creará una comisión de alto nivel para calificar cuál es el tipo de organización, si se toma la vía del diálogo político o del sometimiento o acogimiento. Dicha instancia permitirá estudiar la estructura jurídica constitucional que podrá allanar el camino de las conversaciones y negociaciones.

La Ley 418 de Paz Total, establecerá las Regiones de Paz para adelantar diálogos con actores armados ilegales que deseen acogerse a la ley.  Igualmente, se contemplan zonas de ubicación temporal con presencia de todas las autoridades, aclarando que NO serán zonas de despeje de la Fuerza Pública.

“El reto que tenemos como país y con la Paz Total es desarmarlos, desarticularlos, desmovilizados y ocupar el territorio con paz, con desarrollo económico, con justicia social, con una lucha enorme contra la adaptación hacia el cambio climático”, añadió el jefe de la cartera política.

Así mismo, se da paso al Gabinete de Paz, instancia del alto Gobierno integrado por los Ministerios y demás entes que aportarán a definir la política pública y demás iniciativas concernientes a la paz. Participarán en las sesiones del Gabinete de Paz los representantes autorizados para adelantar diálogos y negociaciones con grupos armados al margen de la ley, así como los integrantes de las comisiones de paz del Congreso.

“Una paz que va a tener una perspectiva y un enfoque regional, una paz que va a tener la posibilidad de hacer acuerdos parciales. Una paz que crea unas condiciones para que el Gabinete para La Paz, que se crea también en la ley, pueda construir una coordinación de gobierno para apoyar todo el proceso de diálogos, negociaciones y conversaciones”, señaló Prada.

Sumado a estos propósitos, se gestan la Regiones de Paz con Comisionados en sitios específicos de Colombia que se identifican por un tipo especial de violencia que se quiere desmontar. Allí la articulación de autoridades y gestores de paz, ayudarán a dialogar y concertar con esas estructuras para avanzar en su posterior desmonte.

Uno de los temas relevantes es que se contempla el Servicio Social como alternativa al Servicio Militar Obligatorio para que los jóvenes decidan qué tipo de servicio quieren prestarle al país en ámbitos sociales, ambientales, rurales, tecnológicos, entre otros. De esta manera, se busca aportarle al país con un servicio que aporte al crecimiento económico, sostenible, incluyente y equitativo de todos y todas los colombianos y colombianas. Además, el Servicio Social servirá de experiencia y formación de competencias para el primer empleo.La Paz Total será el nuevo contrato social para garantizar los derechos fundamentales de la gente en el Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro, en donde la Seguridad Humana estará basada en el cuidado de la vida y su plena realización a partir de políticas sociales, medioambientales, económicas y culturales.