Bogotá es la sede del Seminario Nacional de Concertación de la Política Pública Integral de Garantías para la Labor de Defensa de los Derechos Humanos, que cerrará la etapa de consulta participativa de este proyecto.
Cerrada la fase de participación, sigue la elaboración del decreto y luego la implementación de la política.
Bogotá, 6 de junio de 2025 (@MinInterior)-. Tras más de 15 años de discusión, la Política Pública Integral de Garantías para la Labor de Defensa de los Derechos Humanos (PPIGLDDHH) en Colombia se encuentra en una etapa decisiva. Con el desarrollo del Seminario Nacional de Concertación de la Política Pública Integral de Garantías para la Labor de Defensa de los Derechos Humanos, que se lleva a cabo durante los días 5 y 6 de junio en la ciudad de Bogotá, culmina un proceso participativo sin precedentes liderado por el Ministerio del Interior, en el que más de 1.300 vocerías de todo el país hicieron oír su voz para que se les brinde condiciones seguras en el ejercicio de su labor.
Las organizaciones sociales, las plataformas de derechos humanos, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, y las plataformas de mujeres esperan que, con esta política pública, por fin se haga realidad una promesa histórica del Estado y es que: defender los derechos humanos deje de ser una actividad de alto riesgo, y que ningún liderazgo social, ambiental o territorial tenga que pagar con su vida, integridad o libertad el compromiso de luchar por su comunidad.
“Desde el año 2009, los procesos sociales y las organizaciones defensoras de derechos humanos de todo el territorio nacional hemos avanzado en la construcción de una política pública que queremos no sea solamente de un Gobierno, sino que sea una política de Estado que brinde garantías a las personas que defienden los derechos humanos en Colombia”, afirmó Pilar Castillo, vocera de las plataformas de derechos humanos.
Cabe destacar que, el seminario es el resultado de un proceso liderado por el Ministerio del Interior, en alianza con instancias estatales, organizaciones de la sociedad civil, plataformas de derechos humanos y la comunidad internacional. La construcción de esta política contó la realización de encuentros regionales de consulta en todo el país, en ciudades como Barranquilla, Barrancabermeja, Pitalito, Bucaramanga, Medellín, Cali, Quibdó y Bogotá, entre otras.
“El propósito de este seminario fue hacer un encuentro, tanto de plataformas como de organizaciones de base, para ponernos de acuerdo en algunos elementos fundamentales que nos permitan generar una hoja de ruta y una política pública concreta, verás y ágil para la atención y la defensa de los derechos humanos”, aseguró Gabriel Rondón, viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, del Ministerio del Interior.
La formulación de esta política responde no solo a una demanda histórica de los movimientos sociales, sino también al mandato de la Corte Constitucional (SU 546 de 2023), que ha reconocido el derecho fundamental a defender derechos y la obligación del Estado de garantizar condiciones seguras para el ejercicio de esa labor.
Durante el evento, se reunieron más de 180 vocerías de las mesas territoriales de garantías, las plataformas de derechos humanos, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; la subcomisión de derechos humanos de la comisión mixta de asuntos campesinos y plataformas de mujeres, con el objetivo de profundizar en los vacíos técnicos identificados durante el proceso y resolver disensos con las instituciones antes de avanzar hacia la formulación final de la política.
El seminario fue convocado por el Ministerio del Interior, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Corporación Viva la Ciudadanía y las principales plataformas de derechos humanos del país, como la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; la Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, y la Red Nacional de Mujeres Defensoras.
La Política Pública Integral de Garantías tiene como objetivo general fomentar una cultura de respeto y reconocimiento hacia la labor de defensa de los derechos humanos, eliminando estigmas y promoviendo la legitimidad de las Personas Líderes y Defensoras de DD.HH. (PLDDDHH).
Además, esta política busca fortalecer la articulación y capacidad institucional para anticipar, prevenir y responder de manera eficiente a los riesgos que afectan a las PLDDDHH y optimizar los mecanismos de respeto, garantías y protección institucional para salvaguardar los derechos y seguridad de personas líderes y defensoras de DD.HH., así como sus formas organizativas, reducir la continuidad de agresiones mediante el ajuste de herramientas estatales en procesos de verdad, memoria, inteligencia y contrainteligencia, y garantizar el acceso a la justicia efectiva para investigar y sancionar delitos cometidos contra quienes defienden los DD.HH.
Tras la culminación del Seminario Nacional de Concertación, se iniciará la redacción concertada del decreto que formalizará la adopción de la Política Pública Integral de Garantías para la Labor de Defensa de los Derechos Humanos (PPIGLDDHH).
(FIN/PDD.HH./HA/GE)