Cartagena (Bolívar), 10 de marzo de 2023.
El director de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, Álvaro Echeverry participó en el conversatorio Diálogos Sostenibles: en clave de consulta previa, organizado por las empresas ACD Consultores y ESG SAS BIC, para hablar sobre los alcances e impactos de la consulta previa como derecho fundamental de las comunidades étnicas, su influencia en la viabilidad del entorno de proyectos de inversión y de la sostenibilidad de los territorios donde compañías e instituciones tienen presencia.
El evento se realizó con apoyo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), seccional Bolívar, la Cámara de Comercio de Cartagena, Aguas de Cartagena y El Universal, y reunió en un mismo espacio, al sector privado y público con gremios y organizaciones de la sociedad civil.
Durante su intervención, el director Echeverry hizo un llamado a todos los asistentes a “reconceptualizar” el alcance del derecho a la consulta previa, cambiando el enfoque y la perspectiva desde la cual miran ese proceso consultivo.
“Uno no puede creer que no va a encontrar ninguna dificultad en un proceso de consulta, pero no puede ser despiadado desde el punto de vista de la generosidad de dialogar, de los efectos importantes, del valor que tiene dialogar y construir acuerdos, entonces la invitación es a que nos quitemos de la cabeza, de una vez por todas, que el derecho fundamental a la consulta previa es un problema. Lo que sí tenemos que vencer entre todos son las dificultades que tiene la aplicación en procedimientos”, enfatizó el Director.
En el conversatorio también participaron Liria Páez, jefe de Gestión Social de Hocol; Amílcar Valencia, gerente de Medio Ambiente de Drummond Ltd.; y María Claudia Peñas, gerente Seccional Bolívar de la Andi, quienes compartieron sus experiencias con la consulta previa y sus buenas prácticas.
El Ministerio del Interior, a través de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa, se compromete a hacer presencia en todas las regiones y a proteger la vida y los derechos de las comunidades étnicas, en armonía con el desarrollo social y económico, articulando acciones para la atención, tendiendo puentes con las instituciones y generando espacios para conocer y resolver problemas de los territorios.