- Este es el texto que incluye las bases para avanzar hacia un Acuerdo Mínimo Nacional.
Invitamos a los representantes de los partidos y las fuerzas políticas del Congreso de la República, de las autoridades locales y regionales, de las organizaciones gremiales, sindicales, sociales y comunitarias, de los empresarios, de la academia, de las iglesias y de la sociedad civil, a participar y acompañar el proceso de diálogo político y social que permita alcanzar un Acuerdo Nacional, que tenga el respeto por la vida y la convivencia pacífica como valores fundamentales de la democracia, que mejore la calidad del debate político y que conduzca a consensos significativos en torno a las soluciones de los asuntos que más afectan la vida de las personas en Colombia.
Proponemos que este proceso se construya con base en la Constitución Política de 1991 y que se de en un ambiente seguro y de respeto para la deliberación; que sea un proceso incluyente y participativo que busque una metodología de construcción de consensos y acuerdos y que convoque a las diferentes instancias de dialogo institucional y sectores sociales representativos.
Entendemos la diversidad, la diferencia política y el disenso como valores supremos de nuestra democracia, pero somos conscientes de la necesidad de proponer un mejor ambiente para el debate político y para la búsqueda de salidas a las problemáticas más críticas que hoy afectan la vida de los y las colombianas. Por eso, más allá de nuestras naturales diferencias políticas, proponemos acordar lo siguiente en la búsqueda de construir un Acuerdo Nacional:
- Seguridad y Erradicación de la violencia del ejercicio de la política
Nos comprometemos a promover desde el ejemplo, la recuperación de los valores democráticos, a desescalar el lenguaje en el debate y la deliberación política, a erradicar la estigmatización y a respetar la diferencia y el disenso en todos los escenarios; a acordar medidas efectivas para promover una mejor respuesta del Estado a la protección de la vida de los líderes políticos y sociales y de las personas firmantes de paz. Asimismo, acordamos promover y acompañar la búsqueda de un pacto político nacional que tenga como fin la reconciliación nacional y la convivencia pacífica que aún anhela Colombia.
Nos comprometemos también a rechazar la violencia en la política, la interferencia de cualquier grupo armado en los procesos electorales y a excluir de partidos y movimientos políticos a candidatos con vínculos con grupos ilegales. El Estado debe cumplir con su obligación constitucional de avanzar en la recuperación del control territorial, ejerciendo su autoridad legítima en contra de los grupos armados ilegales que persisten en el uso de la violencia, así como promover la construcción de una estrategia para desmantelar las organizaciones criminales que actúan en el territorio en contra de nuestra fuerza pública y de la población civil. La búsqueda de la paz seguirá siendo un propósito superior y en él se avanzará con los actores armados que demuestren una verdadera voluntad para alcanzarla.
- Respeto a las reglas electorales y al calendario electoral
Acordamos proteger la estabilidad de las reglas de juego democráticas en el corto, mediano y largo plazo en los niveles nacional, regional y local. No promoveremos la reelección ni la alteración de los periodos de los mandatarios de la rama ejecutiva de elección popular. Nos comprometemos, en el marco del proceso del Acuerdo Nacional a estudiar y construir consensos sobre el cambio en el sistema político y electoral para que sea más eficiente y transparente, para que se fortalezcan los partidos y movimientos políticos y para que mejore el sistema de financiación de las campañas políticas. Cualquier cambio institucional tendrá que ser producto de los trámites y requisitos contenidos en la Constitución Política de 1991 y que implican un amplio proceso de participación ciudadana, deliberación legislativa y controles de constitucionalidad.
- Transformación territorial de los municipios más afectados por el conflicto
Acordamos darle un impulso vigoroso a la transformación de las 16 regiones donde se ejecutan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Más allá de las diferencias políticas respecto del Acuerdo de Paz firmado en 2016, apoyaremos y trabajaremos con los alcaldes y gobernadores y, de manera articulada y participativa, con las comunidades, el sector privado, el gobierno nacional y la comunidad internacional, en las iniciativas y proyectos que mejoren las condiciones de vida y seguridad de los 6,6 millones de habitantes de esos 170 municipios. Sólo la intervención integral de esos territorios para transformarlos impedirá el reciclaje de las distintas violencias en las zonas PDETS y las regiones históricamente más afectadas por el conflicto. Esa intervención integral en los territorios críticos debe convertirse en una prioridad del Estado y de la sociedad, más allá del gobierno de turno.
- Crecimiento económico con equidad – Transformación de la economía
Consideramos fundamental transitar de una economía con alta desigualdad y desempleo, hacia una economía productiva, incluyente y equitativa que propenda por la protección y conservación de los ecosistemas y cuya competitividad esté basada en la educación, el talento, la tecnología y la conectividad, la transición energética, la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento del Estado Social de Derecho. En ese sentido, creemos que se puede avanzar de manera concertada para impulsar conjuntamente la reforma agraria y el desarrollo rural integral, así como en el fortalecimiento de una agroindustria compatible con el cierre de las brechas de desigualdad y la protección de nuestros recursos naturales. Asimismo, impulsar el fortalecimiento de la industria estratégica con innovación, estándares de competitividad y políticas de crédito y fomento a sectores estratégicos como el agropecuario, el industrial y el turismo para jalonar la economía y el empleo.
- Compromiso con la deliberación argumentada y el trámite en el Congreso de las reformas sociales
Reconocemos la necesidad de avanzar con apremio en las reformas sociales que mejoren el bienestar de los colombianos y las condiciones para consolidar la paz. Por esta razón, acordamos trabajar con todos los partidos políticos representados en el Congreso, la discusión de un grupo prioritario de proyectos que hacen parte de la actual agenda legislativa, y de esta manera dar trámite para su aprobación, en el marco del respeto a la oposición, de la deliberación argumentativa, de la búsqueda constructiva de consensos y del dialogo respetuoso.
Finalmente, proponemos convenir una instancia plural para hacer seguimiento a este pacto y acordar los pasos siguientes; y convocamos a los ciudadanos a participar activamente en la búsqueda de consensos y a encontrar coincidencias y puntos comunes que nos permitan avanzar como sociedad, fortalecer la economía, cerrar las brechas sociales y ampliar nuestra democracia en el nivel nacional y territorial.