El Viceministro de Diálogo Social del Ministerio reiteró que la consulta previa no está en contra del desarrollo económico: “el problema son los montos”.
Bogotá, D.C., 19 de febrero de 2026 (@MinInterior)- En medio del foro Elecciones 2026: ¿Cómo van las garantías electorales?, adelantado por la casa editorial El Tiempo, el Viceministro de Diálogo Social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, reiteró que la consulta previa es un derecho constitucional y que cualquier ajuste debe respetar su esencia como garantía fundamental de las comunidades étnicas en Colombia.
“La consulta previa es un derecho constitucional”, afirmó, al recordar que está consagrada en la Constitución Política y que su cumplimiento es obligatorio cuando un proyecto pueda afectar directamente a una comunidad.
Sin embargo, el funcionario explicó que desde el Ministerio del Interior se viene trabajando en la revisión de los montos asociados a estos procesos. “Hay consultas muy onerosas”, señaló, al advertir que en algunos casos el costo de la consulta ha llegado a superar el valor del proyecto que se pretende ejecutar.
El viceministro fue enfático en que “consultar no va en contravía del desarrollo económico”. Por el contrario, sostuvo que los proyectos de infraestructura, energía y conectividad deben construirse con la participación de las comunidades, especialmente en regiones estratégicas del país.
Como ejemplo, mencionó experiencias pasadas relacionadas con proyectos como Urrá I y Urrá II, así como decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a comunidades que no fueron consultadas oportunamente. Estos antecedentes, explicó, evidencian la importancia de realizar procesos adecuados para evitar conflictos sociales y jurídicos.
El funcionario también alertó sobre la atomización de organizaciones en algunos territorios, lo que multiplica los procesos consultivos y puede generar demoras e incertidumbre. En ese sentido, indicó que el Gobierno trabaja en la construcción de una ruta que permita definir criterios claros sobre representatividad, tiempos y costos.
“Hay que poner límites razonables”, sostuvo, al precisar que la propuesta deberá surgir de un diálogo amplio con comunidades, universidades, entidades del Estado y organizaciones territoriales, buscando un acuerdo nacional que brinde reglas claras sin afectar derechos.
Finalmente, el viceministro envió un mensaje de cara a los procesos democráticos del país: “Voten por las ideas y por un país mejor”. Reiteró que el Gobierno ofrece todas las garantías para elegir y ser elegido, e invitó a fortalecer la democracia con participación informada y responsable.
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