Glosario

Expresión de voluntad de la administración capaz de producir efectos jurídicos y vincular a los administrados.

Son las tareas o acciones que deben ser realizadas para completar los productos. Es suficiente con que se identifiquen en el nivel de “macroactividades”, indicando a qué resultado pertenecen. La desagregación en subactividades y tareas detalladas se establecerá en los cronogramas.

Escrito presentado por un usuario, quejoso o peticionario que no registra los datos de autoría o identidad personal.

Autorización máxima de gasto incluida en el anexo del Decreto de liquidación presupuestal para una entidad durante una vigencia fiscal determinada.

Acompañamiento sistemático y de manera programada a los usuarios y/o ciudadanos del Ministerio del Interior en temas y campos de competencia institucional.

Estimación de ingresos y gastos necesarios para atender las necesidades de la entidad y del Sector en cada vigencia fiscal. Este documento se radica en la Dirección General del Presupuesto Nacional a más tardar el 31 de marzo de cada año.

Mecanismo de control social realizado mediante acto público de diálogo entre organizaciones sociales, ciudadanos y servidores públicos para evaluar la gestión gubernamental en cumplimiento de las responsabilidades, políticas y planes ejecutados en un periodo para garantizar los derechos ciudadanos.

El ordenamiento territorial propiciará la formación de asociaciones entre las entidades territoriales e instancias de integración territorial para producir economías de escala, generar sinergias y alianzas competitivas, para la consecución de objetivos de desarrollo económico y territorial comunes (Ley 1454 de 2011)

Incremento en el monto de las apropiaciones o autorizaciones máximas de gasto para cada vigencia fiscal.

Según la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad son adaptaciones necesarias y adecuadas que no imponen una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.

Entidad administrativa, formada por un conjunto de dos o más municipios integrados alrededor de un municipio núcleo o metrópoli, vinculados entre sí por estrechas relaciones de orden físico, económico y social, que para la programación y coordinación de su desarrollo y para la racional prestación de sus servicios públicos requiere una administración coordinada (Artículo 1, Ley 128 de 1994).

Documento que debe contener lo sucedido, tratado y acordado en una reunión y debe estar suscrito por los intervinientes en la misma.

Desde el punto de vista antropológico, está dado por el autorreconocimiento que un individuo bajo un grupo social, se reconoce con características diferenciales no occidentales. En el cual, se tiene una forma diferente de ver el mundo, el territorio y las formas de pensamiento.

Conjunto de actividades mediante las cuales se realiza transferencia de conocimiento, tecnología, métodos o procedimientos en la implementación o desarrollo de un tema específico, corresponden a este ítem las jornadas de capacitación, los talleres, los encuentros, los seminarios y todos los procesos que impliquen transferencia de conocimiento, buscando contribuir al desarrollo de las capacidades y habilidades de las entidades territoriales.

Dependencia del Ministerio que de acuerdo con las funciones que le han sido asignadas según la ley, es la responsable de elaborar los estudios previos del proceso contractual, acompañar el desarrollo del proceso y supervisar la ejecución del contrato.

Reunión del proceso de consulta previa, en el que se han cumplido todas las condiciones de la preconsulta y se da inicio oficial a la consulta previa.

Para efectos de esta ley, acción comunal, es una expresión social organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil, cuyo propósito es promover un desarrollo integral, sostenible y sustentable construido a partir del ejercicio de la democracia participativa en la gestión del desarrollo de la comunidad.

Se refieren a infracciones a las leyes o reglamentos gubernamentales cometidas por las entidades. Los actos ilegales son atribuibles a la entidad cuyos estados financieros son objeto de auditoría, o actos cometidos por la gerencia o los empleados que la representan. Tales actos pueden involucrar la manipulación, la falsificación o la modificación de los registros o documentos, la malversación de activos, la eliminación u omisión de los efectos de las transacciones en los registros o documentos, el registro de transacciones sin sustento o la aplicación errónea de normas contables

Impacto positivo o negativo que puede tener una medida sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social de una determinada comunidad étnica. Procede entonces la consulta previa cuando existe evidencia razonable de que una medida es susceptible de afectar directamente a un pueblo indígena o a una comunidad afrodescendiente.

Es un mecanismo de reforma constitucional que se tramitan en dos vueltas (8 debates) dos en la comisión de origen de cada cámara y dos en la las plenarias de Cámara y Senado. (Artículos 374, 375 y 377 de la Constitución Política.)

Actuación deliberada de competencia formal y material del Poder Legislativo, orientada a la creación de derecho positivo. Implica un proceso complejo y colegiado toda vez que genera situaciones jurídicas de aplicación general abstracta, impersonal y obligatoria. El acto legislativo también puede crear situaciones jurídicas particulares y concretas como es el caso de los decretos.

Impacto positivo o negativo que puede tener una medida sobre las condiciones sociales, económicas, ambientales o culturales que constituyen la base de la cohesión social de una determinada comunidad étnica.

Escrito que recopila la actividad legislativa semanal del Gobierno Nacional.

Espacio receptor de los impactos ambientales, se definen dos áreas de influencia directa y otra indirecta y se determinará de acuerdo con lo establecido en la normatividad ambiental vigente.

Son entidades de Derecho Público de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, que tienen por objeto, el desarrollo integral de las comunidades Indígenas. Para el cumplimiento de su objeto podrán desarrollar las siguientes acciones: a) Adelantar actividades de carácter industrial y comercial, bien sea en forma directa, o mediante convenios celebrados con personas naturales o jurídicas. b) Fomentar en sus comunidades proyectos de salud, educación y vivienda en coordinación con las respectivas autoridades nacionales, regionales o locales y con sujeción a las normas legales pertinentes. (Artículos 2 y 3 del Decreto 1088 de 1993)

Superficie en la cual se ejecutarán físicamente las actividades.

Las autoridades tradicionales son los miembros de una comunidad indígena que ejercen, dentro de la estructura propia de la respectiva cultura, un poder de organización, gobierno, gestión o control social. (Artículo 2º. Decreto 2164 de 1995)