Balance de Gestión Ministerio (2014 – 2017)

 

La oportunidad de acompañar al presidente Juan Manuel Santos en su decisión de buscar la paz de Colombia y de contribuir a que la voluntad política de los partidos, las organizaciones civiles y el legislativo se concrete en normas de gran beneficio para todos los colombianos, son parte fundamental de lo que me llevo en el corazón. Guardaré especialmente en mi memoria el testimonio de la tenacidad que nuestro primer Premio Nobel de Paz le imprimió a la descomunal tarea de calmar los ánimos enfrentados por décadas, gestar acuerdos, y, con paciencia de alfarero, entregar al Congreso propuestas que serían transformadas en medidas para cambiar profundamente al país. De igual forma, los logros legislativos que hoy favorecen a las víctimas del conflicto son parte del balance que hago de una gestión donde el Ministerio del Interior cumplió su misión como barco insignia de la paz, encargado de abrir nuevas rutas hacia la armonía social y política en este, el país más hermoso de la tierra.

Respondimos con profesionalismo y responsabilidad política a la tarea incesante y delicada de construir una plataforma normativa sólida para impulsar la plena vigencia de los derechos humanos y fortalecerlos, sobre todo, entre las minorías colombianas. Aún falta a avanzar en estos campos, pero lo que hicimos al respecto, comunidad y estado de la mano, fue inmenso. Ahora en las regiones de Colombia las comunidades cuentan con mejores herramientas para la construcción de la paz territorial.

Tras los acuerdos de La Habana, creo que la bandera de la paz es de todos los colores y que el colombiano de hoy tiene en sus manos instrumentos de inmenso valor para ampliar la democracia, erradicar la corrupción, impulsar el perfeccionamiento institucional y disminuir la brecha social, en fin, fortalecer el Estado Social de Derecho comprendido como el espacio político donde podemos ejercer nuestros derechos, portando el título más grande que la democracia nos puede dar: el de ciudadanos.

Tengamos fe en lo que somos y en lo que podemos ser.  Que nos anime en el camino de la paz el nombre de Colombia envuelto en el amarillo de la esperanza, el azul de lo infinito y el rojo del valor con que los colombianos sabemos enfrentar el futuro. Uno de los sabios arhuacos me dijo hace un tiempo que los seres humanos no debemos tener incertidumbre sobre lo que tenemos que hacer en nuestra existencia. Me dijo que el colibrí tiene una tarea diaria que no equivoca y siempre liba entre los bosques florecidos porque esa es su misión. Y la mía, sin lugar a duda, y desde siempre en el sector público, ha sido la de servir. Así lo explican los siguientes logros:

1. BALANCE LEGISLATIVO

 El segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos ha dejado, bajo la coordinación y liderazgo del Ministerio del Interior, una serie de normas y reformas trascendentales para el país, entre las cuales se destacan:

• La Reforma Política. – El ministerio del Interior lideró la iniciativa de reforma al sistema político-electoral colombiano, en desarrollo del punto 2 de los acuerdos de La Habana sobre participación política, la ampliación de la democracia y la modificación del sistema electoral, entre otros temas. Tras recibir las recomendaciones de la Misión Electoral Especial y miles de propuestas ciudadanas para enriquecer el proyecto de acto legislativo, a través de la experiencia de participación ciudadana denominada RedForma Política, el Gobierno lo radicó en la Cámara de Representantes. A continuación, un resumen de su contenido principal:

• 1. No más curul vitalicia: nadie podrá ser elegido por más de dos periodos consecutivos en corporaciones públicas, poniendo fin al círculo vicioso de la reelección indefinida.
• 2.  Se promoverá la renovación generacional para el Congreso de la República: La edad requerida para ser senador bajará de 30 a 25 años y para ser representante pasará de 25 a 21 años.
• 3. Se crearán incentivos para una mayor participación de jóvenes y mujeres: un 10% de la financiación estatal se distribuirá de manera proporcional al número de mujeres inscritas como candidatas en las listas y otro 10% en función del número de jóvenes inscritos.
• 4. Se promoverán soluciones tecnológicas para que todos los colombianos puedan votar. Se implementará la inscripción y voto a través de medios digitales, el cual iniciará con las personas residentes en el exterior.
• 5. Se les prohibirá a las campañas contratar transporte de electores para la fecha de las elecciones y actos y manifestaciones públicas, poniendo fin a esta práctica.
• 6. En aras de garantizar mayor transparencia en las elecciones, se implementará gradualmente el voto electrónico y se generalizará el sistema de identificación biométrica.
• 7. Se habilitará la recolección de firmas digitales para que los ciudadanos presenten iniciativas al Congreso de la República.
• 8. Se eliminará el origen político de los magistrados del Consejo Electoral Colombiano, respondiendo a la voluntad ciudadana de despolitizar la institución.
• 9.  El Consejo Electoral Colombiano tendrá una unidad de Policía Judicial para controlar temas de financiación, campañas y seccionales departamentales con capacidad de investigación en el terreno, recogiendo así la propuesta que hicieron los colombianos de crear una Unidad de Fiscalización de Campañas Políticas.
• 10. El voto no se compra de ninguna manera: se prohibirá a organizaciones políticas y campañas electorales entregar donaciones, dádivas o regalos a los ciudadanos.
• 11. Se castigará con pérdida de investidura la violación de las normas sobre financiación de campañas, prohibición de donaciones y manejo monetario.
• 12.  La ley establecerá la responsabilidad penal para los representantes legales de las organizaciones políticas, los directivos de las campañas electorales, candidatos y particulares que violen estas disposiciones.

 

• La Reforma al Equilibrio de Poderes que implica la transformación institucional más ambiciosa e importante de los últimos años. Elimina la reelección presidencial, y la de todos los altos funcionarios del Estado, proscribe prácticas indeseables en la elección de servidores públicos denominadas “puerta giratoria” y “yo te elijo, tú me eliges”, y fortalece la paridad y alternancia para la conformación de cuerpos colegiados.

• El Plan Nacional de Desarrollo que señaló la hoja de ruta para los propósitos de este cuatrienio.

• La Reforma al Fuero Penal Militar, que fortalece la seguridad jurídica para los militares y policías.

• La Ley Anti-contrabando, vital para avanzar en la lucha contra ese flagelo.

• El protocolo comercial de la Alianza del Pacífico – proceso de integración más exitoso de América Latina–, y los acuerdos comerciales con Costa Rica y con Corea del Sur.

• La Ley de detención preventiva que fija límites a esta medida y ayuda a mejorar nuestra administración de justicia.

• Ley Estatutaria de Consejos de Juventud para facilitar la participación de los jóvenes en los procesos democráticos.

• Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, Zidres, encaminada a fomentar proyectos productivos para campesinos sin tierra y aprovechar productivamente zonas como la Altillanura.

• Viviendas Seguras, para que tragedias como la caída del edificio Space en Medellín no se vuelvan a presentar.

• Promulgación del nuevo Código de Policía, para la seguridad ciudadana y una mayor convivencia.

• Reforma tributaria, para estimular el empleo formal, mejorar la competitividad y fortalecer la estructura tributaria del país.

 

​LEYES PARA LA PAZ

 

En su decisión de desarrollar los Acuerdos de La Habana suscritos con las Farc, el gobierno, a través del ministerio del Interior, sentó las bases de lo que sería el soporte legislativo de la transformación institucional necesaria para la aclimatación de la paz.

• Acto Legislativo 01 de 2016 para la paz en virtud del cual se establece un procedimiento especial (Fast Track) para facilitar la implementación del Acuerdo con las Farc y se conceden facultades al Presidente de la República para la materialización de dichos compromisos.

• Plebiscito para la paz, unos comicios convocados para poner en consideración de los colombianos la voluntad política del gobierno de sacar adelante los acuerdos de paz con las Farc.

• Reforma a la Ley de orden Público, encaminada a brindar seguridad jurídica a los procedimientos de desarme y desmovilización acordados en la mesa de negociaciones de La Habana.

NORMAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2016 (FAST TRACK)

El mecanismo abreviado para el trámite de las leyes que nos permitirán disfrutar de la paz, denominado “Fast Track”, nos ha permitido impulsar en el Congreso normas tan importantes como las siguientes:

• Ley de Amnistía. – Crea las condiciones jurídicas para que miembros de las Farc, en el marco del proceso de paz y con las excepciones previstas en la ley, sean cobijados con esta figura; así mismo, establece las reglas para la renuncia a la acción penal de los miembros de la fuerza pública, en casos determinados.
• Ley de voceros. – En cumplimiento del acuerdo final, permite que 6 voceros de las Farc, que en el futuro conformará su partido político, participen en el trámite del procedimiento legislativo especial.

• Acto Legislativo de Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. – Crea el marco constitucional para la conformación de la justicia especial para la paz.

• Acto Legislativo de estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo Final. – Establece previsiones para garantizar el cumplimiento de los acuerdos por los próximos tres periodos presidenciales.

• Acto Legislativo de reincorporación política. – Sienta las bases jurídicas para consolidar el tránsito de las armas a la política.

• Estatuto de Oposición. – Se impulsó en el Congreso el estudio y aprobación del Estatuto de la Oposición Política, norma que reúne las garantías mínimas para que los partidos en antagonismo ideológico con el Gobierno puedan ejercer a plenitud sus derechos democráticos. La iniciativa, resultado de los acuerdos de paz de La Habana, contempla la creación de una Procuraduría Delegada para los Derechos de la Oposición, que supervisará que se respeten los derechos políticos de los partidos y movimientos políticos declarados oficialmente en oposición al mandatario que salga electo en los comicios del 2018. Vincula a la Procuraduría General de la Nación en el seguimiento al cumplimiento de lo estipulado en la referida ley estatutaria y señala que, luego de las elecciones, los partidos declarados en oposición tienen 30 días para formalizar su condición y acceder a los beneficios que les otorga la ley.

• Ley de participación de las Farc en política. – Este Acto Legislativo permite la creación del partido político de las Farc una vez se desarmen, garantiza la financiación de la nueva colectividad y establece la forma en que se asignarán las cinco curules de Senado y las cinco de Cámara que fueron acordadas en La Habana. Este Acto Legislativo pasa a conciliación y a revisión de la Corte Constitucional.

• ​Ley de garantías a la promoción de la participación ciudadana.- Con el propósito de construir los lineamientos adicionales para proyectar el articulado de la Ley de Garantías a la Promoción de la Participación Ciudadana, que hace parte de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de la Habana,  se llevó a cabo la Comisión de Diálogo e interlocución, donde representantes de organizaciones sociales y del Gobierno nacional, trabajaron en la construcción del respectivo proyecto de Ley que será presentado al Congreso de la República.

• Proyecto de acto legislativo para Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz en Cámara de representantes: Se radicó en la Secretaría General del Senado el acto legislativo que permitirá la creación de 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes en los próximos dos períodos legislativos. El proyecto establece que solo podrán votar y ser aspirantes las personas que habiten regularmente en estos territorios o que hayan sido desplazadas de ellos y se encuentren en proceso de retorno. Es decir, que podrán postularse grupos significativos de ciudadanos, organizaciones sociales, consejos comunitarios o resguardos indígenas legalmente constituidos cuando la circunscripción coincida en todo o en parte con sus territorios.

2. VIVE SEGURO, VIVE EN PAZ

 

Durante los años 2016 y 2017 en total han sido 12 las ciudades capitales beneficiadas con la estrategia ‘Vive Seguro, Vive en Paz’ del Ministerio del Interior, que comprende la instalación de cámaras de videovigilancia. Las ciudades cubiertas por esta estrategia son: Cali, Cúcuta, Riohacha, Valledupar, Pasto, Armenia, Barranquilla, Cartagena, Manizales y Quibdó. En el 2017 se avanza en la ejecución de los proyectos de Ibagué, Bello, Ocaña, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.

Instalación de Cámaras de Videovigilancia

Durante la administración del Ministro Juan Fernando Cristo, 2014-2017, se ha realizado una inversión de 196 mil 711 millones de pesos, en proyectos de Sistemas de Video Vigilancia a nivel nacional, con un aporte del Ministerio del Interior de 151 mil 919 millones de pesos y un aporte de las entidades territoriales de 44 mil 792 millones de pesos. En total se han beneficiado 41 municipios con igual número de proyectos, en 15 departamentos.

En el marco de esta estrategia se ha realizado una inversión de 176 mil 339 millones de pesos para lograr cobertura total en 12 ciudades capitales con 6,073 cámaras de videovigilancia.

Adicionalmente se aprobaron otros sistemas de Videovigilancia, así: Bello, por un valor de 5 mil 333 millones de pesos, con un aporte del Ministerio del Interior de 4 mil millones de pesos y un aporte de la ciudad de mil 333 millones de pesos, con un total de 117 cámaras de vigilancia. Ocaña, por un valor de 5 mil 254 millones de pesos, con un aporte del Ministerio del Interior de 3 mil 954 millones de pesos y un aporte de la ciudad de mil 300 millones de pesos, con un total de 104 cámaras de vigilancia. Villa del Rosario, por un valor de 2 mil 956 millones de pesos, con un aporte del Ministerio del Interior de 2 mil 365 millones de pesos y un aporte del municipio de 591 millones de pesos, con un total de 64 cámaras de vigilancia.

Área Metropolitana de Bucaramanga: Floridablanca, Girón y Piedecuesta, por un valor de 7 mil 328 millones de pesos, con un aporte del Ministerio del Interior de 5 mil 496 millones de pesos y un aporte de la ciudad de mil 832 millones de pesos, con un total de 268 cámaras de vigilancia.

CIUDADES “VIVE SEGURO VIVE EN PAZ”

ARMENIA. Cobertura total con 396 cámaras de video vigilancia, inversión de 8 mil 953 millones de pesos, de los cuales el Ministerio del Interior aportó 6 mil 715 millones y la ciudad de Armenia dos mil 238 millones.

BARRANQUILLA. Barranquilla cuenta con 820 cámaras de video vigilancia que brindaran cobertura total a la ciudad, con una inversión de 30 mil 73 millones de pesos, de los cuales el Ministerio del Interior aporta 22 mil 554 millones y la ciudad de Barranquilla siete mil 519 millones.

BUCARAMANGA. En marzo de 2017 se aprobó la cofinanciación del proyecto para brindar cobertura total a la ciudad. Bucaramanga contará con un total de 898 cámaras de video vigilancia que brindarán cobertura total a la ciudad, con una inversión de 30 mil 73 millones, de los cuales el Ministerio del Interior aporta 15 mil 707 millones y la ciudad de Barranquilla 5 mil127 millones de pesos.

CALI. Cali cuenta con 1.294 cámaras de video vigilancia que brindan cobertura total a la ciudad, para ello se invirtieron 29 mil 560 millones de pesos, de los cuales el Ministerio del Interior de aportó 22 mil 170 millones de pesos y la ciudad de Cali 7 mil 390 millones de pesos.

CARTAGENA. Cartagena cuenta con 609 cámaras de video vigilancia que brindaran cobertura total a la ciudad, la inversión es de 21 mil 919 millones, de los cuales el Ministerio del Interior aporta 16 mil 440 millones de pesos y la ciudad de Cartagena cinco mil 479 millones de pesos.

CÚCUTA. Tiene 309 cámaras de videovigilancia que brindan cobertura total a la ciudad. Para ello se invirtieron 9 mil 600 millones de pesos, de los cuales el Ministerio del Interior aportó siete mil 200 millones de pesos y la ciudad de Cúcuta dos mil 400 millones de pesos.

IBAGUÉ. Se instalaron 227 cámaras de videovigilancia tipo domo que brindarán cobertura total a la ciudad, con una inversión de 12 mil 500 millones, de los cuales el Ministerio del Interior aporta 10 mil millones de pesos y la gobernación del Tolima 2.500 millones de pesos.

MANIZALES. Cuenta con 461 cámaras de videovigilancia que brindarán cobertura total a la ciudad, con una inversión de 13 mil 60 millones de pesos, de los cuales el Ministerio del Interior aporta 9 mil 795 millones y la ciudad de Manizales 3 mil 265 millones de pesos.

PASTO. Operan en la capital de Nariño 237 cámaras de videovigilancia que brindan cobertura total a la ciudad. Se invirtieron cinco mil 242 millones, de los cuales el Ministerio del Interior aportó tres mil 931 millones de pesos y la ciudad de Pasto mil 311 millones.

QUIBDO. Cuenta con 199 cámaras de videovigilancia que brindarán cobertura total a la ciudad, con una inversión de siete mil millones de pesos, de los cuales el Ministerio del Interior aportó seis mil 300 millones de pesos y la ciudad de Quibdó 700 millones.

RIOHACHA. Se instalaron 231 cámaras de videovigilancia que brindan cobertura total a la ciudad. Para ello se invirtieron siete mil 20 millones de pesos, de los cuales el Ministerio del Interior de aportó cinco mil 616 millones y la ciudad de Riohacha mil 404 millones de pesos.

VALLEDUPAR.  Cuenta con 392 cámaras de videovigilancia que brindan cobertura total a la ciudad. En tal sentido se invirtieron 10 mil 578 millones de pesos, de los cuales el Ministerio del Interior aportó siete mil 933 millones de pesos y la ciudad de Valledupar dos mil 645 millones.

En desarrollo de estos proyectos, se han mejorado los tiempos de ejecución pasando de promedio iniciales de 22 meses a 10 meses, con un ahorro de 12 meses.

3. VÍCTIMAS

 

3.1. ESTRATEGIA PAZ EN ACCIÓN

 

• Desarrollo de Paz en Acción como estrategia de intervención estatal en 39 municipios priorizados, que tiene por objeto la presencia institucional efectiva en las regiones afectadas por el conflicto armado, a través de programas de convivencia, seguridad, derechos humanos, participación y democracia, además de la construcción de Centros de Integración Ciudadana y Centros de Atención para las Víctimas, en los que se invirtieron mil 100 millones de pesos adicionales a los mil 140 millones que ya estaban en ejecución.

• Se fortalecieron entidades territoriales de 26 departamentos con la promulgación del decreto de corresponsabilidad 2640 de 2015 que regula la articulación de programas, proyectos y acciones en relación con las víctimas.

• Asesoría y apoyo a la estructuración del plan de desarrollo territorial de 13 departamentos y 39 municipios, lo que garantiza la inclusión de los derechos de las minorías y la construcción de la paz.

4.MISIONALES

 

4.1. DIRECCIÓN DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS RAIZALES Y PALENQUERAS

 

Desde el año 2014 a la fecha, las principales acciones desarrolladas por la Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palanqueras del Ministerio del Interior son:

• Integración del Espacio Nacional de Consulta Previa de Medidas Legislativas y Administrativas de Amplio Alcance —Sentencia T-576 de 2014. Se realizaron 33 asambleas en los 32 departamentos del país y el Distrito Capital de Bogotá, con una participación de más de 12 mil voceros de la Población Afrocolombiana, se integró al espacio con 232 personas de las comunidades NARP.

• En cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 y su auto reglamentario 005 de 2009, a la fecha se han realizado 29 caracterizaciones socioeconómicas de los territorios de comunidades negras: Chocó:9, Bolívar:9, Cauca:4, Valle del Cauca:4, Cesar:2, Cordoba:1.

• En cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos reglamentarios (Auto del 18 de mayo de 2010, 045 de 2012, 299 de 2012, desde el 2014 a la fecha), se realizaron las caracterizaciones socioeconómicas de los territorios de Curvaradó y Jiguamiando (plan específico de Curvaradó).

• Asesoría y acompañamiento a la comunidad en la elaboración de la metodología para la construcción del formulario del auto censo del Consejo Comunitario Renacer Negro de Timbiquí, en cumplimiento a la Sentencia 071 de 2015, y sus Autos Complementarios, proferida por Juez Primero Civil Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán, en proceso de Restitución y Formalización de Derechos Territoriales, establecido en el Decreto Ley 4635 de 2011.

• Capacitación a tres mil 79 servidores públicos del orden nacional y territorial en la aplicación de la variable de enfoque diferencial en sus planes, programas y proyectos.

• Asesoría a 550 Consejos comunitarios y/ u Organizaciones de base de todo el país en formulación y gestión de proyectos.

• Capacitación a 481 Consejos Comunitarios y organizaciones de base del país, en gobernabilidad y conocimiento de sus derechos.

• Elección de los representantes estudiantiles de los departamentos del Meta, Cundinamarca/Bogotá, Huila, Tolima, Santander, Norte de Santander, Valle del Cauca, Antioquia, Caldas, Risaralda Quindío, Córdoba, Guajira, Bolívar, Magdalena, Sucre, Cesar, Atlántico ante el Fondo de Créditos Especiales para Comunidades Negras FECECN. Más de 2000 jóvenes estudiantes afros han contribuido de manera significativa a las jornadas no sólo con su voto, sino también, aportando ideas y creando espacios internos a nivel departamental para fortalecer a las comunidades negras en cada uno de los territorios a nivel nacional.

• A la fecha el Fondo Especial de Créditos Educativos para Comunidades Negras FECECN ha beneficiado a más de 23.000 estudiantes en todo el territorio nacional.

• En el 2017 se crearon ajustes razonables para que los centros de empleo autorizados por el Servicio Público de Empleo incorporen a los afrocolombianos en su ruta de empleo.
• Realización de una alianza estratégica con el Servicio Público de Empleo para el cierre de brechas laborales a las comunidades negras.

4.2. INDÍGENAS

 

El Ministerio del Interior tiene el compromiso de fortalecer a los pueblos y comunidades indígenas de Colombia, garantizando sus derechos y libertades fundamentales, y dar cumplimiento a los acuerdos internacionales y su vigencia en Colombia, como el convenio 169 de la OIT.

• Gracias al avance en la legislación colombiana, previendo la necesidad de preservar y garantizar el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas, las comunidades cuentan con Decretos Autonómicos para que puedan asumir la administración de los recursos en materia de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Como resultado de esta normatividad, actualmente 22 pueblos indígenas administran sus servicios educativos.

• De igual manera, se establecieron los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de territorios ocupados o poseídos ancestralmente por los pueblos indígenas.

• La cartera política cuenta con Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas como un escenario de interlocución con las comunidades para avanzar en los procesos que garanticen su supervivencia.

• Coordinación de procesos de consulta previa para la presentación de iniciativas legislativas y administrativas del nivel nacional.

• Promoción de resolución de conflictos de conformidad con los usos y costumbres de las comunidades indígenas.

4.3. ASUNTOS RELIGIOSOS 

 

La Oficina de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior avanza en la construcción de la política pública integral del sector religioso, esfuerzo dentro del cual ha liderado las siguientes acciones:

• Se ha caracterizado a más de 2 mil entidades religiosas y organizaciones del sector que comprende el desarrollo de cuatro líneas específicas: Identificación, acción social, cultural y educativa, manifestaciones de la libertad religiosa y participación ciudadana.

• Avances en el desarrollo de la política pública para el sector religioso y diálogo intereclesial, que incluye a líderes de la pluralidad de iglesias, confesiones y denominaciones, así como Organizaciones Sociales del Sector Religioso, líderes juveniles, mujeres de fe, entre otros, de todo el país.

• Creación de instancias de participación interreligiosas departamentales y nacionales, de manera transitoria, en el marco de la formulación de la política pública nacional del sector religioso, con el fin de garantizar la amplia participación del sector de todo el país.

• Inclusión, por primera vez, del sector religioso en el artículo 244 del Plan Nacional de Desarrollo, en Junio 9 del 2015.

• Más de dos mil 878 entidades religiosas y organizaciones del sector caracterizados en la fase 1 de caracterización, con un total de 2500 líderes empoderados y más de 1500 líderes interreligiosos participantes.

• Se crearon 155 instancias departamentales transitorias interreligiosas, 5 por cada departamento en 31 departamentos.

• Creación e instalación de cinco (5) mesas nacionales interreligiosas  – con entidades del Estado (Mineducación, SENA, APC, OAC, DNP; Colombia Joven, Equidad para la mujer, Víctimas del Mininterior, Organismos de Cooperación: ONU – PNUD y OEI, y representantes del sector religioso.

• Mesas de trabajo confesionales: Febrero de 2017: judíos, musulmanes, ortodoxos, Veterocatolicos, budistas, Hinduistas, Bahai y Krisnas, Ateos y Agnósticos, entre otros.

• Creación de un comité académico asesor compuesta por investigadores de 9 universidades del país.

• Desarrollo de Cinco (5) ejes iniciales de política pública; 1) Libertad religiosa y de cultos, 2) Participación ciudadana e incidencia social, 3) Educación y Formación confesional, 4) Paz con enfoque territorial y 5) Cooperación internacional para el desarrollo.

• 4 de julio declarado Día Nacional de la Libertad Religiosa en el país, mediante decreto impulsado por el Ministerio del Interior.

4.4. CONSULTA PREVIA

 

La Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior tiene la misión de establecer dinámicas consultivas que garanticen el desarrollo del sector productivo en armonía con las comunidades étnicas a lo largo del territorio nacional. Presentamos sus principales logros:

• Apertura de la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea implementada por la Dirección de Consulta Previa y la Autoridad Nacional de Licencia Ambientales (ANLA).

• Expedición en línea de Certificaciones de autorreconocimiento, y de cupos y descuentos para comunidades negras.

• Liderazgo del Ministerio del Interior durante 2016 en el Comité de Garantías para las Elecciones Comunales en todo el territorio nacional.

• Implementación de la plataforma digital SIPI, para la radicación de proyectos en línea, con el fin de agilizar y dar transparencia a las iniciativas sobre infraestructura.

• Implementación de  la plataforma de recaudo en línea del Fondo de Seguridad y Convivencia Ciudadana,  Fonsecon, para facilitar el reporte de las entidades del orden nacional y concesiones.

• Actualmente, desde el Viceministerio de Participación e Igualdad de Derechos, se adelanta la socialización del proyecto de Ley estatutaria para la reglamentación de la consulta previa.

• Además, se adelantó la Gestión interinstitucional mediante convenio con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que permite identificar los fenómenos sociopolíticos que rodean el entorno de las comunidades que tienen derecho a solicitar la consulta previa.
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4.5. DEMOCRACIA, DIRECCION DE DEMOCRACIA Y PARTICIPACION CIUDADANA

 

La Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior logró el fortalecimiento de las organizaciones sociales de acuerdo con las necesidades de sus grupos objetivo, entre ellos, los jóvenes, las personas en situación de discapacidad, las mujeres y las organizaciones religiosas. Particularmente se impulsó el Banco de Iniciativas, mediante el cual los interesados pueden acceder a estímulos que fomentan el desarrollo de sus propuestas de cambio social, sobre todo en las regiones más afectadas por el conflicto armado.

El fin del esfuerzo institucional que se ha desplegado desde esta Dirección es reconstruir el tejido social que se había roto por el impacto histórico del conflicto, a través de la presencia institucional efectiva, que se da en el marco de la Ley Estatutaria para promoción y protección del derecho a la participación democrática (1757 del 2015). Con base en dicha base normativa se ha podido hacer pedagogía de la participación ciudadana y premiar las iniciativas que mejor aportan al posconflicto.

Los grupos objetivo en las regiones ya están trabajando desde su propio contexto, y han dejado de lado la percepción de que el liderazgo de los proyectos se ejerce desde la capital del país. Ahora trabajan juntos con el apoyo de las entidades y los gobiernos territoriales.

4.6 GESTION TERRITORIAL

 

• LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS (Decreto 1036 de 2016)

Se adoptó la estrategia nacional 2016 – 2018 con un enfoque interinstitucional, para combatir delitos de índole sexual, laboral, matrimonio servil y mendicidad, y promover medidas de protección a las víctimas. Entre estas, combate la Trata de Personas mediante procesos informativos y formativos, protege y asiste de manera a las víctimas de manera integral, promueve el trabajo interinstitucional para enfrentar dicho flagelo, fortalece y desarrolla mecanismos de cooperación internacional bilateral, desarrolla un mecanismo de información, investigación y estudio sobre las características del delito y crea y administra un Observatorio del Delito de Trata de Personas que permita recopilar, sistematizar y analizar la información relativa al mismo, a nivel internacional, nacional y descentralizado.

4.7. DERECHOS HUMANOS

 

• Se fortaleció el trabajo de lucha contra la discriminación, como base para la garantía de los derechos en condiciones de igualdad en Colombia conforme al proyecto de ley estatutaria sobre ‘Marco Jurídico para el pleno ejercicio del Derecho a la Igualdad y la No Discriminación’.

• Construcción de la Política Pública para Garantía del Derecho a la Libertad de Expresión. Más de 20 organizaciones periodísticas del país han brindado sus aportes al proyecto.

• Construcción del Sistema Nacional de Participación Ciudadana para la constitución de los Consejos de Participación.

• Acciones de apoyo a los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas en Colombia y a la fecha, se han encontrado 29 mil 212 registros de personas inhumadas en 333 cementerios.

• Estrategia de transversalización, para alcanzar la equidad de género que impacte las políticas públicas, los programas y las acciones.

• La Ruta de la Paz cubrió a 25 departamentos con propuestas relacionadas con el fortalecimiento de los partidos políticos y la reforma al sistema electoral.

5. GESTIÓN EN FRONTERA CON VENEZUELA

 

El 19 de agosto de 2015 comenzó la que sería una de las mayores crisis de la frontera entre Colombia y Venezuela. El presidente Nicolás Maduro firmó un decreto constitucional en el que ordenó, no solo el cierre de los puentes internacionales y trochas por donde desesperados trataban de pasar los habitantes de la zona, sino que comenzó una deportación masiva de colombianos. Pero, a partir de ese momento inició también una maratónica agenda liderada por el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo para atender la crisis humanitaria generada por los cierres en Cúcuta, Arauca y la Guajira.

Tras la situación, la respuesta del ministro Cristo fue inmediata y bajo su liderazgo se adoptaron las siguientes medidas de urgencia: se instaló un puesto de mando unificado en la zona de frontera con el Estado Táchira, se citó a una Cumbre Extraordinaria de Gobernadores y se recibió a la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos. En total, miles de personas resultaron afectadas por el cierre. Gracias a la gestión del jefe de la Cartera política se atendió de manera permanente la situación, 3 mil de ellas recibieron alojamiento, mientras que 16 mil retornaron a otras ciudades del país, y se les garantizó vinculación laboral, subsidios de arriendos y acceso a la educación.

Pero la capacidad de mediador del ministro Cristo y su férrea defensa de los derechos humanos se vio reflejada un año después, en junio de 2016 con el cierre de la vía Panamericana por parte asociaciones indígenas y campesinas. Tras una semana de movilizaciones, en una Mesa de Diálogo con la Cumbre Agraria, se logró levantar la protesta. Estos hechos demuestran el trabajo incansable de Juan Fernando Cristo como Jefe de la Cartera Política desde el año 2014 y su capacidad de liderazgo en temas sociales, con una gran sensibilidad para ayudar a la población y luchar por sus derechos.

6. ATENCIÓN A MOCOA Y APOYO AL CUERPO LOCAL DE BOMBEROS

 

El ministro del Interior Juan Fernando Cristo se mantuvo al frente de la crisis de Mocoa, generada por el desbordamiento de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulatos, que el 31 de marzo pasado causó la muerte de 328 personas y la destrucción de un gran sector urbano de la capital putumayense, y se ocupó de orientar las capacidades del estado para beneficio de la población afectada.

Inicialmente gestionó una inversión por más de mil millones de pesos para los cuerpos de bomberos de Putumayo, al tiempo que reconoció su labor, su capacidad de reacción y su compromiso con la atención a los damnificados.

«Hoy el presupuesto asignado en dotación a los bomberos asciende a $30 mil millones. Este esfuerzo se ve reflejado en la labor de estos hombres, héroes de la Patria, que han hecho una tarea definitiva para salvar vidas, rescatar, animar y ayudar a reconstruir. Cualquier reconocimiento se queda corto ante la inmensidad y el altruismo de los bomberos. Mi agradecimiento», manifestó el ministro Cristo.

En Mocoa se reunió con los encargados del Puesto de Mando Unificado, estuvo pendiente de los balances de salvamento, escuchó de primera mano el balance de las tareas que se han venido adelantando, se informó sobre el censo de las víctimas y de la entrega de ayudas a los damnificados y escuchó a los indígenas de los cabildos locales afectados por la avalancha.