Fortalecimiento organizacional de Personas con Discapacidad

 

¿El porqué del fortalecimiento organizacional a las PcD?

En Colombia las organizaciones de sociedad civil han cobrado gran importancia en la consolidación de una sociedad más incluyente y participativa. Estas organizaciones son variadas en su estructura, tamaño y fines de conformación con los que logran atender las diferentes necesidades de las comunidades y territorios en los que tienen influencia. La variedad de temáticas como la protección del medio ambiente, el desarrollo deportivo, la sana convivencia, la cultura, la protección de la niñez, la promoción y apoyo a los derechos humanos, la reivindicación de sus derechos, entre otros.  

La libertad de asociación es el derecho que tenemos todos los colombianos a organizar reuniones pacíficas y/o a crear organizaciones con otras personas, o integrarnos a las ya existentes, para trabajar en favor de nuestros intereses y el ejercicio de nuestros derechos. La Constitución Política de Colombia consagra entre los derechos fundamentales:

Título II, Capítulo I, artículo 38 «Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad…»

Artículo 58, inciso 3 «El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad»

Artículo 333, inciso 3 «…la empresa como base del desarrollo tiene una función social que implica obligaciones, el Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial…». 

De igual forma, en cumplimiento de los compromisos adquiridos en la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con Discapacidad, se expidió la Ley Estatutaria 1618 de 2013, “por la cual se establecen disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”. Esta el artículo 22 ordenó al Ministerio del Interior dictar medidas que establezcan los requisitos que deban cumplirse para la creación y funcionamiento de las organizaciones de personas con discapacidad que las representen ante las instancias locales, nacionales e internacionales, así como las medidas que deben adoptarse para su fortalecimiento y el aseguramiento de su sostenibilidad y de la garantía de su participación plena y efectiva en la adopción de todas las decisiones que los afectan, es así que después de 3 años de consultas y mesas de trabajo participativo con las organizaciones de personas con discapacidad, lideres, personas con discapacidad, familiares y cuidadores se logró la expedición del Decreto 1350 de 2018.

Por tanto, la movilización de las personas con discapacidad, además de ser un derecho civil de todo ciudadano, es un compromiso que ha asumido Colombia al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad desde un paradigma social basado en los derechos humanos, donde la vulnerabilidad de las personas con discapacidad disminuye en la medida que participan en lo toma de decisiones que les afectan, siendo propositivos para trabajar en equipo con gobernantes en la construcción y puesta en marcha de políticas públicas incluyentes.

Del trabajo asociativo de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad se reconocen, entre otras ganancias:  

  • El reconocimiento de derechos y visibilización de las personas con la discapacidad.
  • La identificación y valoración de las capacidades.
  • El manejo de la información clara, completa y oportuna.
  • La planificación, participación, representación e intervención en diferentes procesos de política publicas territoriales y sectoriales.
  • La formación continua.
  • Y el ejercicio un papel protagonista en los diferentes escenarios comunitarios, públicos y políticos.

Decreto 1350 de 2018

 

Historia

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo22 de la Ley Estatutaria 1618 de 2013 el Ministerio del Interior, desde la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, conformó una serie de mesas de trabajo para concertar el proceso reglamentario de dicho artículo. A estas confluyeron los representantes de las organizaciones de personas con discapacidad ante el Consejo Nacional de Discapacidad, los líderes de federaciones y redes de personas con discapacidad, resultando de este ejercicio las propuestas para el articulado del Decreto. Los principales temas y las prioridades expuestas por los participantes a estas mesas, se encuentra en la memoria justificativa de la norma, de estos los principales temas fueron:   

  • Porcentaje de personas que conforman una organización que busquen representar los intereses de las personas con discapacidad como colectivo social, bajo la premisa de “Nada para Nosotros, sin Nosotros”. Recordando que históricamente han sido representados por terceros y pensando en el empoderamiento de la población y fortalecer su presencia en los espacios de toma de decisiones.
  • La participación e inclusión de los jóvenes, desde el enfoque diferencial y de garantía de derechos. Concordancia con el artículo 5 de la Ley Estatutaria 1622 de 2013, se entiende por joven toda persona entre los 14 y 28 años cumplidos en proceso de consolidación de su autonomía intelectual, física, moral, económica, social y cultural que hace parte de una comunidad política y en ese sentido ejerce su ciudadanía.
  • Medidas afirmativas para las organizaciones de personas con discapacidad intelectual, múltiple y sordoceguera, toda vez que por las barreras que enfrentan, así como por ser grupos minoritarios, tienen mayores dificultades para asociarse, reunirse y generar procesos de movilización. Reconociendo la importancia de acompañar a las personas con discapacidad de estos sectores en la conquista progresiva de procesos organizativos y de liderazgo, conforme a lo contenido en el Decreto.
  • Contar con porcentajes diferenciales para la conformación de organizaciones de carácter departamental en Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, Amazona, Guainía, Guaviare, Vichada y Vaupés que respondieran a sus particularidades territoriales, tanto en términos poblacionales, como geográficos que son determinantes para convertirse en facilitadores o barreras para la conformación de organizaciones de personas con discapacidad.

De esta forma el Decreto 1350 de 2018 único en la materia, es una adición al Título 3, a la Parte 3, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior. No deroga, ni modifica ninguna norma, toda vez que con anterioridad no existía norma que regulara la creación y funcionamiento de las organizaciones de personas con discapacidad que las representen ante las instancias locales, nacionales e internacionales.  

Consulta Decreto 1350 de 2018