- La Dirección de Derechos Humanos señaló que se avanza en 57 diagnósticos de camposantos en el Eje Cafetero: 15 de Risaralda, 15 de Quindío, y con 27 cementerios priorizados en el departamento de Caldas.
- En cuanto a la política pública de gestión de parques cementerios, el Ministerio del Interior ha confirmado una Mesa Interinstitucional para establecer una metodología de participación y fases para su formulación.
- Las fases de formulación a desarrollar durante el próximo semestre comprenden una fase de diagnóstico, seguida de una de construcción de lineamientos y construcción del Plan de Acción, y por último la construcción del instrumento normativo y de planeación.
Armenia (Quindío), noviembre 28 de 2023. (@MinInterior)-. En el marco de la audiencia de seguimiento a las medidas cautelares para proteger a las víctimas de desaparición forzada en 36 cementerios del Eje Cafetero y del Magdalena Medio que adelantó la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Ministerio del Interior liderado por Luis Fernando Velasco, a través de la Dirección de Derechos Humanos y la Jefatura de la Oficina Jurídica, presentó sus avances y acciones en gestión de camposantos y parques cementerios.
Esto en relación a la solicitud realizada por las organizaciones de víctimas para proteger lugares del país en los que podrían encontrarse personas dadas por desaparecidas, entre ellos, los distintos cementerios existentes en el país.
En ese sentido, el Ministerio del Interior tiene como función articular con las entidades territoriales y nacionales para avanzar en la garantía de derechos fundamentales de las víctimas de desaparición forzada y sus familiares. Para el caso de la gestión de cementerios, este Ministerio acompaña de forma técnica a los gobiernos locales, sus comunidades y territorios, para que se garanticen los derechos que poseen las víctimas de encontrar y ubicar a sus seres queridos, quienes están desaparecidos como consecuencia de los diferentes hechos de violencia que han sacudido a la nación a lo largo de su historia.
“Cuando se asumió la Dirección de Derechos Humanos, el presupuesto inicial era de aproximadamente 730 millones de pesos, sin embargo, a través de la gestión llevada a cabo durante este Gobierno, logramos aumentar dicho presupuesto a 2.300 millones de pesos, representando un crecimiento superior al 200%”, dijo Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
Castañeda destacó el compromiso de la entidad por atender este tema, “ordenes de la JEP con las que debo señalar, no solamente estamos de acuerdo y no solamente por aquello de respeto a la majestad de la justicia, sino porque nos parece coherentes con lo que nosotros como Gobierno queremos hacer”.
En su intervención, el Director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior entregó un balance de los diagnósticos de Caldas, Quindío y Risaralda. “54 cementerios de la región del Eje Cafetero y sus tres departamentos. Venimos avanzando en 57 diagnósticos porque hemos encontrado tres más que nos parecen relevantes y que la Sala merece conocer”.
De estos 57 cementerios, se han entregado 30 diagnósticos: 15 de Risaralda, 15 de Quindío, y se avanza con 27 cementerios priorizados en el departamento de Caldas, procesos en los que colaboran un equipo de 18 personas en el análisis de estos sitios especiales.
“Coincidimos en la necesidad de consolidar un solo diagnóstico de la situación de los cementerios que son objeto de las medidas cautelares decretadas por la JEP. Con la información que hemos venido recolectando y en la Mesa Interinstitucional, con participación de la sociedad civil, avanzaremos en una Política Pública que garantice la gestión de los cementerios, con una articulación constante con los gobiernos locales, a quienes ya les presentamos esta iniciativa que es prioritaria para el Gobierno”, sostuvo.
Las fases de formulación a desarrollar durante el próximo semestre con miras a esa política pública comprenden una fase de diagnóstico, seguida de otra de construcción de lineamientos y de construcción del Plan de Acción, y por último una de construcción del instrumento normativo y de planeación.
En este proceso intervienen el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y la Corporación Socio jurídica Orlando Falls Borda.
También se suscribió un convenio con Equitas, organización nacional e internacionalmente reconocida por su experticia en el apoyo técnico y forense para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Equitas asesorará al Ministerio del Interior en la construcción de la política pública para el fortalecimiento y correcta administración de cementerios que son objeto de medida cautelar por la JEP.
A la par de estas tareas, el Ministerio del Interior avanza en la consolidación de información que precise cuántos cementerios hay en el país, su naturaleza, qué o quiénes son los encargados de su administración, la situación actual sobre la titularidad del predio en el que se encuentra, especialmente de cara a las alertas en el Sistema de Gestión del Riesgo.
“A pesar que no contamos con un mecanismo de seguimiento -en el tiempo entre diagnósticos-, hemos llevado a cabo capacitaciones, labores de incidencia que han permitido que mínimamente podamos avanzar en que algunas buenas prácticas sean acogidas por los mismos entes territoriales”, expresó Castañeda al fijar el compromiso de incorporar ese mecanismo al proyecto de inversión de la próxima vigencia 2024.
De igual forma, la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior viene generando redes de contacto que permitan evaluar las condiciones actuales de funcionamiento de los cementerios, y así mismo, detectar si se ha incrementado el número de inhumaciones, entre otros temas relacionados, que sirven de diagnóstico y de insumo fundamental para ser reportado ante la JEP.
De otra parte, se avanza en estrechar labores con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Defensa Civil y corporaciones ambientales territoriales, con el fin de tener más insumos para la comprensión de riesgos y evaluación objetiva ante eventuales intervenciones en territorios dirigidas a la búsqueda de personas desaparecidas.
Para el Ministerio es necesario “elevar a categoría normativa dentro de un Decreto el compromiso que quedó expreso en el Plan Nacional de Desarrollo, consistente en articular con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas UBPD y el Ministerio de Justicia el proyecto de Decreto que reglamenta el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas”, indicó Yolima Herrera, jefe de la Oficina jurídica del Ministerio del Interior, al recalcar el compromiso institucional del MinInterior.
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