- El DNP realizó apoyo técnico con la formulación de indicadores de seguimiento y de hitos a las tareas, compromisos y responsabilidades acordadas entre las partes, proceso que inició en Bogotá los días 20, 21 y 22 de septiembre del año en curso y que finalizó este 12 de octubre en sesión hecha en Apartadó.
- La Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo fueron garantes en la protección de los derechos fundamentales de las comunidades del golfo de Urabá, quienes expresaron sus inquietudes y propuestas en el marco del diálogo, la escucha y la concertación.
Apartadó (Antioquia), octubre 12 de 2023-. (@MinInterior). Con el fin de revisar los avances en el cumplimiento del Auto SRVNH 04/04-86/22 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Ministerio del Interior lideró la Cuarta Sesión de la Mesa de Articulación Interinstitucional para la concertación del Plan de Acción basado en la protección de las comunidades y del territorio del Consejo Comunitario de los ríos La Larga y Tumaradó (COCOLATU) así como de las Zonas de Biodiversidad (ZB) Árbol del Pan y La Madre Unión, y de 21 familias campesinas reclamantes de tierras de la vereda Guacamayas, corregimiento de Macondo, región del golfo de Urabá, poblaciones ubicadas entre los límites de los departamentos de Antioquia y Chocó.
El Ministerio del Interior, como ente Coordinador de la Mesa de Articulación Institucional, cumplió entre otros aspectos, con la tarea de propiciar los espacios físicos y/o medios tecnológicos que permitieron la participación permanente y activa de las entidades vinculadas, todo en dirección de poder consolidar un inventario, una serie de medidas y de recomendaciones tras las órdenes judiciales emitidas en favor de COCOLATU.
En primera instancia cabe destacar el apoyo técnico del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para la construcción del Plan de Acción que formuló los indicadores de seguimiento y de hitos en relación a las tareas, compromisos y responsabilidades a desarrollar por cada una de las entidades del Gobierno en este proceso que inició en Bogotá los días 20, 21 y 22 de septiembre y que finalizó este miércoles 11 de octubre en Apartadó, en el marco de la Cuarta Sesión de la Mesa de Articulación Interinstitucional.
En segundo término, es de resaltar el papel garante que efectuó el Ministerio Público, a través de la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, en la protección de los derechos fundamentales de estas comunidades del golfo de Urabá, donde sus representantes expresaron sus inquietudes y propuestas en el marco del diálogo, la escucha y la concertación. Todos estos aportes fueron recibidos por las distintas entidades del Gobierno para ser registrados con compromisos y metas en el Plan de Acción y así dar cumplimiento a la orden impartida por la JEP.
El Ministerio del Interior reafirma una vez más su compromiso de cumplir a cabalidad con los mandatos y órdenes judiciales, y se mantiene atento a cualquier solicitud de información adicional o de aclaración que requiera la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los hechos y conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y en este caso de garantizar la vida, la libertad, seguridad e integridad de las poblaciones y comunidades de COCOLATU.
A este Auto ordenado por la JEP se dio una respuesta interinstitucional, además del Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia (MinTic), y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
También vienen haciendo sus aportes entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Unidad Nacional de Protección (UNP), la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), el Departamento Nacional de Estadística (DANE), el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entre otras instituciones del Gobierno Nacional y regional como la Gobernación Departamental del Chocó y la Corporación Nacional para el Desarrollo del Choco (Codechocó).
Por parte de las autoridades judiciales y de la preservación de la seguridad y el orden público hicieron presencia la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional y la Policía Nacional.
GLA/FC/JC/GL/fin