Politica Publica de Derechos Humanos
¡El cambio es con garantías!
El Gobierno Nacional y las Plataformas de Derechos Humanos, la Cumbre Agraria, Campesina Étnica y Popular – CACEP – y las Plataformas de Mujeres adelantan un diálogo, desde inicios de 2023, con el fin de propiciar un proceso amplio de deliberación social y política en el país para la construcción, concertación, implementación y seguimiento participativo de la Política Pública Integral de Garantías para la labor de Defensa de los Derechos Humanos.
Este diálogo se enmarca en el Proceso Nacional de Garantías constituido en 2009 como un espacio de interlocución del más alto nivel entre el Estado y la sociedad civil, con el acompañamiento de la comunidad internacional, sobre las garantías que se deben brindar para el ejercicio de la labor de defensa de derechos humanos.
Se invita a participar a líderes y lideresas, defensores y defensoras de Derechos Humanos de todo el país para conocer las acciones que el Gobierno del Cambio adelanta en materia de garantías para la labor de defensa de los Derechos Humanos y las formas de participar en este proceso nacional de concertación de una política pública integral de garantías que haga frente a la persistente violencia contra personas defensoras.
¿Quieres conocer los lineamientos de la Política Pública Integral de Garantías para la labor de Defensa de los Derechos Humanos?
Documento de Contexto para Consultas
Estrategia de Garantías de no repetición
Estrategia de lucha contra la impunidad
Estrategia de Prevención
Estrategia de Protección
Estrategia de Respeto

Participa en la construcción de esta Política Pública

Contexto:
Se registró un total de 2974 conductas vulneratorias contra los derechos de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, sus organizaciones y colectivos entre el 1 de septiembre de 2019 y diciembre de 2022.

Se ha podido identificar que la violencia persiste en los sectores comunal, indígena, comunitario, victimas y activistas defensores de derechos humanos.

Siguen siendo focos de concentración de asesinatos los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y Putumayo.
La conducta que más persiste es la de amenazas con 2060 casos y con mayor ocurrencia en los departamentos de Norte de Santander (263 casos), Magdalena (195 casos), Sucre (178 casos), Cesar (109 casos), La Guajira (103 casos), Bolívar (100 casos).

Los sectores sociales más afectados por asesinatos, son los rurales y en especial los comunales, algunos por la defensa de la implementación del acuerdo de paz, como la sustitución de cultivos de uso ilícito; el otro sector afectado es el indígena quienes adelantan procesos significativos sobre la defensa del territorio.
Alerta Temprana N°019-2023
Análisis sobre las tendencias y patrones de violencia en contra de personas defensoras en 2022