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Puerto Asis

Aspectos generales

El levantamiento de esta información fue realizado por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, en el marco de la Fase II de avanza.

El Putumayo es un territorio ancestral de pueblos indígenas; una región con una ubicación estratégica, conecta la región Andina con la Amazonía colombiana y es paso nacional en la ruta que une el océano Pacífico al Océano Atlántico (IIRSA). Los procesos de poblamiento que allí se han dado guardan una estrecha relación con las economías extractivas (quina, caucho, oro, pieles, maderas, petróleo, cobre).

Según el DANE, el departamento tiene una población cercana a los 333.000 habitantes. Sin embargo, los putumayense perciben que son más ya que en el momento de realizar el censo quedaron excluidas áreas rurales por el conflicto armado.

El departamento tiene tres subregiones: Alto, Medio y Bajo Putumayo. Cada una con diferentes territorios y poblaciones, así como también, diferentes expectativas frente al petróleo.

En el Alto Putumayo, conocido también como el Valle del Sibundoy, se encuentran cuatro municipios (Sibundoy, Colón, Santiago y San Francisco) que funcionan como si fueran uno solo, ya que los separan una distancia muy corta. Administrativamente se han integrado (comparten servicios de salud, por ejemplo) lo que ha generado cohesión entre las administraciones locales. Estos municipios no han recibido beneficios económicos (regalías) derivados de la explotación petrolera, pero presentan problemas en sus vías (San Francisco – Mocoa) ocasionados por la Industria.

El Medio Putumayo reúne tres municipios. Uno de ellos, Mocoa, la capital del departamento, como tal agrupa actores importantes y espacios de participación que la misma comunidad ha creado, es el caso de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales, cuya existencia tiene ya dos décadas. Los otros dos son Puerto Guzmán y Villa Garzón, en este último la presencia de la industria de hidrocarburos es reciente (se encuentra en etapa de exploración), y ha generado gran expectativa laboral, ya que las fuentes de empleo en el municipio son pocas. Puerto Guzmán y Villa Garzón tienen serios problemas de comunicación, dado el deterioro de sus vías, un común denominador del departamento.

El Bajo Putumayo (Puerto Caicedo, Puerto Asís, Orito, Valle del Guamuez, San Miguel y Puerto Leguízamo) es el territorio donde se concentran las operaciones petroleras.

El Putumayo convoca hoy a su población a definir la vocación productiva del departamento y los factores por los cuales, luego de tantos años de abandono, quisieran estar cerca al Estado central.

Mapa de actores y riesgos

El levantamiento de esta información fue realizado por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, en el marco de la Fase II de avanza.

Ámbito local

  • Alcaldías

  • Concejos

  • Organizaciones sociales

Ámbito regional

  • Gobernación de Putumayo

  • Asamblea Departamental

  • Corpoamazonia

  • Mesa Regional de Organizaciones Sociales

  • OZIP / Pueblo Nasa / Afrodescendientes

  • Cripep / Ecopetrol / Mocoa Ventures / Transportadoras

  • ASEP – Pastoral Social

  • Medios de comunicación

Ámbito nacional

  • Incoder – Parques Nacionales

  • Defensoría del Pueblo

Relaciones entre los actores

Particularmente, en este departamento la población no tiene reclamos generalizados a la industria petrolera, todos los reclamos están dirigidos al Estado nacional, de quien sienten los ha tenido “abandonados siempre”.

El Estado hace presencia a través de los entes que tienen representación en el territorio, cuya relación con la sociedad civil se fundamenta en argumentaciones referidas al cumplimiento de las leyes, que no resuelven los reclamos que estas le trasladan, razón por la cual se exigen reformas legislativas en asuntos diversos, con una demanda mayor en tierras.

En cuanto a la presencia de la industria petrolera, hay un rechazo a las multinacionales y una aceptación favorable hacia Ecopetrol, en quien ven la acción del Estado; la empresa representa la cercanía con ese Estado que les ha resultado lejano y distante.

En general, hay inquietud por riesgos posibles de la industria minera, frente a la cual se expresa la voluntad de organizar movilizaciones de rechazo. Entre tanto, la relación de los entes territoriales y las empresas minero-energéticas ha beneficiado proyectos de inversión social, sin embargo se percibe que es muy poco el aporte que este sector hace a los municipios.

Frente al tema de regalías se recoge inconformidad, por una parte, y la necesidad de formar a los funcionarios públicos en la formulación de proyectos. Así mismo, desearían el control del Estado en la ejecución de estos recursos, pero les incomoda compartir estos ingresos con otras regiones del país cuando éstas no han hecho lo propio con el Putumayo. Temen que los recursos de las regalías se dispersen y el departamento pierda la oportunidad de hacer una inversión en su desarrollo.

Una característica del departamento es la voluntad de organización y movilización social, pero la diversidad de intereses en el territorio hace que se perciban distancias significativas entre los actores sociales: los indígenas, por ejemplo, concentran su acción en la defensa del territorio; los colonos o mestizos, defienden su actividad de pequeños agricultores; los sindicatos se concentran en los intereses laborales. Es clara la dificultad de comunicación que existe entre los distintos actores que han mantenido durante años luchas separadas y a veces, convergentes.

Aún así, las organizaciones sociales son vistas con recelo por empresas y algunas alcaldías, factor a tener en cuenta para el diálogo, como también la falta de confianza de la organizaciones en un Estado que ha faltado a los acuerdos establecidos durante movilizaciones como las marchas cocaleras de mediados de los 90 y los bloqueos petroleros de 2006, entre otras.

Mapa de impactos y riesgos

El levantamiento de esta información fue realizado por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, en el marco de la Fase II de avanza.

Impactos y riesgos ambientales:

  • Los ríos del Alto Putumayo irrigan la Amazonía colombiana

  • Derrames de hidrocarburos: por fallas operacionales y conflicto: comunidad Amarón

  • Contaminación del aire (teas, hornos, oxidación)

  • Quebrar la montaña (Mocoa – cobre): riesgo de ser Cerromatoso

  • Deforestación en cuencas protectoras de la Amazonía (ríos Caquetá, Putumayo, Mocoa, San Pedro, etc.): Acaba conectividad de bosques entre Andes y Llanura

  • Pobreza de suelos: capa delgada, de pocos nutrientes, empobrecida aun más por la industria petrolera

Impactos y riesgos socioculturales:

  • No hay educación superior dirigida a la industria petrolera

  • Pérdida de la cultura ancestral (caso de indígenas)

  • División en las comunidades por dádivas de la industria petrolera

  • Cosmogonía: contaminación de lugares sagrados

  • Cesión de la tierra propia o apropiada

  • Nuevas fuentes económicas vía dinero fácil

  • Cambio en la alimentación por cambio en la frontera agrícola

  • Erradicación de cultivos de coca, sin alternativas duraderas

  • Seguridad pública: enclaves de origen guerrillero adonde hoy llega el Ejército no para proteger ciudadanos (señalados como colaboradores) sino para proteger la infraestructura petrolera

Impactos y riesgos económicos:

  • No hay empleo para los putumayenses, sí para los foráneos

  • Costumbre de economía extractiva: sin proyección de otras vocaciones productivas: quina, caucho, maderas, pieles

  • Sensación de saqueo que viene de afuera

  • Sistema corruptor de funcionarios públicos

  • Insuficiente compensación económica para el departamento y los municipios productores: vías, infraestructura, “progreso”

  • Desigualdad social: los pocos que se vinculan a la industria petrolera son élite con respecto al resto de la población

  • Donde hay industria minero-energética, hay encarecimiento

Conclusiones

La población siente que la extracción de hidrocarburos en la región es una realidad, dado que es un sector económico prioritario para el país. Se percibe una actitud favorable para llevar a cabo una negociación que contribuya a la mitigación de impactos de la industria en la región, en donde la comunidades se constituyan en veedoras directas.