Aspectos generales
El levantamiento de esta información fue realizado por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, en el marco de la Fase II de avanza.
El departamento de Casanare se define como una región histórica de frontera, en donde se identifican cuatro momentos de colonización y poblamiento: El primero, jalonado por la política estatal de concesión de baldíos a lo largo del siglo XIX. El segundo, asociado a la extracción de la quina y los intentos de producción de cacao y café para exportación, implementados en la región del piedemonte llanero en la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX. El tercero, marcado por la llegada a la región de campesinos expulsados por la violencia partidista de mediados del siglo XX. El cuarto, resultado de la migración provocada por el descubrimiento de los yacimientos petroleros de Cusiana en 1989 y Cupiaga en 1993.
Esta conformación de la sociedad ha dado como resultado la construcción de un imaginario social que gira alrededor de dos representaciones: un Estado ausente que ha excluido al departamento de los grandes proyectos de desarrollo impulsados desde el centro y una sociedad autoreferente, que se construye al margen del Estado, y en la cual tienen mayor peso y significación las formas de apropiación privada del territorio, que los proyectos y políticas jalonados desde lo público.
En cuanto al auge del petróleo genera una representación social marcada por dos asuntos:
El primero, la consolidación de la idea sobre la factibilidad de convertir a la industria en una buena sustituta del Estado. De allí que todos los bloqueos, paros, reclamaciones y problemas tengan como referente a ese sector.
El segundo, el despliegue de un imaginario social ambiguo sobre la presencia de las operadoras en la región. Todos los actores aceptan la presencia del petróleo en la región y todos tienen una percepción favorable sobre los beneficios que ha traído. Pero al mismo tiempo, esos actores convierten al sector en objeto de todas las críticas y disputas, y permanentemente enumeran los problemas ambientales y sociales provocados con su accionar.
La representación que muchos actores del ámbito nacional tienen de Casanare es la de un departamento problema, más o menos ingobernable y con alta conflictividad. La imagen, con la alta dosis de generalización que supone, tiene como trasfondo la referencia a una región que cuenta con una larga tradición de lucha armada y de grupos armados ilegales.
En el imaginario de los propios casanereños, la historia de estos grupos se remonta a la violencia partidista de la década de 1950 y la irrupción en la región de las guerrillas liberales de Guadalupe Salcedo, y tiene su punto culminante y crítico con la presencia de guerrillas y paramilitares a lo largo de la década de los años ochenta y noventa.
El contexto político regional ofrece dos caras. Aparece, por un lado, la reducción de la capacidad organizativa de la sociedad civil y la monopolización de la representación social por parte de las Juntas de Acción Comunal. Por otro, la captura del aparato Estatal por actores ilegales, los problemas de corrupción, la destitución de funcionarios y las consecuentes crisis de gobernabilidad.
La percepción que se tiene sobre el Estado se recoge en la siguiente frase recogida en las entrevistas realizadas por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, para el levantamiento del Mapa de Actores y Riesgos:
Por lo general el Estado Nacional llega a Casanare en el vuelo de las 7 pero se va en el de las 2
Mapa de actores y riesgos
El levantamiento de esta información fue realizado por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, en el marco de la Fase II de avanza.
A través de una matriz se identificaron los actores y el interés específico de cada uno de cara a la participación en la Estrategia Avanza. De acuerdo con el sociograma de relaciones trazado, se identificaron las siguientes relaciones:
Con relación a la industria, se observa el siguiente juego de percepciones:
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El petróleo: Ese problemático objeto deseado (progreso Vs. afectaciones). El costo del progreso.
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El Estado ausente: La vieja imagen revitalizada con el nuevo rostro del Sistema General de Regalías. La objetivación de Estado ANLA y ANH.
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La sociedad desorganizada e ingobernable: paros, bloqueos y la insostenibilidad del desarrollo.
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La heterogeneidad empresarial: municipios y localidades Vs. empresas
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Participación ciudadana: entre la debilidad organizativa y la corrupción. La crítica a las Juntas de Acción Comunal.
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La paradoja de la participación: las vías de hecho un camino hacia el Estado central.
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Los gobiernos municipales y la gobernación: de la imposibilidad de la acción a la crisis de liderazgo
Con relación al gobierno nacional:
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Gobierno nacional – Empresas : se relaciona con las empresas petroleras grandes, con un nivel alto de influencia; un nivel bajo de relacionamiento con operadoras pequeñas.
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Gobierno nacional – Gobierno local: relaciones de doble vía sobre temas puntuales.
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Gobierno nacional – Sena: relaciones constantes
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Gobierno Nacional – Corporinoquia: tema puntual, ANLA.
No se identifican relaciones del gobierno nacional con los siguientes actores:
Este grupo de actores es el que más énfasis hace en el señalamiento de un Estado ausente.
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Asociaciones de intermediación laboral
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ONG
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Comité Departamental de Ganaderos
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Juntas de acción comunal
Con relación a las empresas grandes, ejercen la responsabilidad social, la mayoría, a través de sus fundaciones. Estas organizaciones tienen relaciones más fluidas con las comunidades, con las organizaciones sociales y del Estado, lo cual refuerza un imaginario positivo frente al aporte que la industria hace a las comunidades. Así mismo, mantienen relaciones fluidas con las juntas de acción comunal, las cuales, a su vez, presentan relaciones conflictivas con ellas, caracterizadas especialmente por temas de contratación laboral, con demandas que son mayores frente a las que tienen con empresas pequeñas cuya negociación es más directa.
En cuanto a las administraciones locales, tienen relaciones puntuales con la mayoría de los actores, con un acercamiento igualmente conflictivo con las juntas de acción comunal.
Un grado de tensión latente se percibe en la relación de Corporinoquia y las comunidades, por las presiones que recibe la corporación debido a reclamaciones relacionadas, particularmente, con temas ambientales que son competencia de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA.
De igual forma, hay tensión en las relaciones entre las organizaciones de intermediación laboral y las juntas de acción comunal.
Se suma otro grupo de actores con un nivel de incidencia bajo, pero con significación para acompañar Avanza, tales como ONG, y otras organizaciones civiles (entre ellas, Casa de Paz, Cámara de Comercio de Casanare, Mata de Monte, Asociación de Becarios de Casanare, Camaguaro, Mastranto, Agroimpro).
Mapa de impactos y riesgos
El levantamiento de esta información fue realizado por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, en el marco de la Fase II de avanza.
Como impactos particulares de cada municipio, se identificaron los siguientes:
En Yopal, la falta de acueducto; en Aguazul: los conflictos laborales y el crecimiento poblacional (uno de los más altos del país, según un estudio de la Universidad de Los Andes); en Paz de Ariporo: un interés particular en la protección del medio ambiente; en Monterrey, los conflictos laborales; en Maní, las vías (especialmente Aguazul-Maní) y conflictos laborales.
Conclusiones
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Hay una gran demanda por el control ambiental y la percepción de que este se mejoraría si se cumpliera con las exigencias de las licencias ambientales, en este sentido se demanda una mayor presencia de la ANLA.
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Se identifica un riesgo de dependencia de la industria petrolera.
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En general, se ve a las empresas como algo beneficioso para la región, reconocen todos los efectos negativos que tienen las operadoras pero consideran que con algunas de ellas es posible llegar a acuerdos.
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Hay un señalamiento negativo al papel progónico de las juntas de acción comunal y una relación de estas con la corrupción.
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La participación ciudadana se muestra como una debilidad organizativa. Las vías de hecho se han convertido en el camino más rápido hacia la instancia central.
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A nivel departamental, se identifican una crisis de liderazgo, una crisis de gobernabilidad y la carencia de una institucionalidad fuerte que elabore un proyecto o una visión colectiva (lo reconocen empresas, organizaciones y administraciones municipales).
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No hay posiciones radicales en contra de la actividad de hidrocarburos. Así mismo, se puede afirmar que no hay actitudes que indiquen estar en contra de la Estrategia. Las demandas que se formulan al gobierno nacional hacen que sea bienvenida la Estrategia Avanza y los diálogos que esta propone.